Recibidos los comentarios y observaciones por escrito de las comunidades indígenas, el proceso continúa con la realización de talleres participativos y mesas de diálogo de Arica a Punta Arenas, destinados a profundizar la discusión de forma presencial y perfeccionar las propuestas presentadas.
Concluida la recepción de observaciones escritas de comunidades indígenas sobre las propuestas de “Elección de representantes Indígenas al Parlamento” y “Creación de un Consejo Nacional de Pueblos Indígenas”, se inicia la segunda etapa de esta histórica Consulta Nacional a los Pueblos Indígenas, a través de la realización de talleres y mesas de diálogo a los largo del país durante todo marzo.
Se trata de las dos primeras iniciativas que el gobierno —en base a las demandas presentadas por los indígenas en los últimos 20 años— consulta a los pueblos indígenas, siguiendo las definiciones del Convenio 169 de la OIT Promulgado por nuestro país el año pasado.
Este proceso se inició con el envío de ambas propuestas a las comunidades indígenas existentes en el país —tengan o no personería jurídica—, y con una campaña de difusión para que cualquier comunidad interesada obtenga las propuestas y envíe sus observaciones y complementos por escrito.
Centenares de respuestas que actualmente están siendo analizadas fueron recibidas en las últimas semanas, las mismas representan la diversidad de las comunidades y pueblos indígenas del país, su identidad territorial y sus particularidades organizacionales.
Ahora se inicia la segunda parte de la Consulta que contempla talleres participativos y mesas de diálogo en cada una de las zonas donde existe presencia indígena. Una vez concluidas se sistematizará y ponderarán las observaciones y perfeccionarán las propuestas.
Antecedentes de la Consulta Indígena
La demanda de participación política de los indígenas están expresadas a lo largo de los últimos años en documentos como el Acuerdo de Nueva Imperial (1989); el Informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato (2003); y el “Debate Nacional de los Pueblos Indígenas”, proceso que concluyó en el “Congreso Nacional Indígena” (octubre de 2006), y en el Congreso Nacional Mapuche de Quepe (noviembre de 2006).
Al respecto, en el ámbito de los derechos políticos, la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato (2003) recomienda: “Participación de los Pueblos Indígenas en la formación de la voluntad general de la nación, a través de la elección de sus propios representantes en el Senado y la Cámara de Diputados”. (Pág. 536) y “Participación de los Pueblos Indígenas en la integración y gestión de gobierno a nivel comunal y regional” (Pág. 537).
En el ámbito de participación y consulta a los pueblos indígenas, el mismo documento plantea la “Creación de un Consejo de Pueblos Indígenas” y señala la serie de funciones que podría tener esta institucionalidad (Pág. 550).
Otro antecedente son los dos documentos que las organizaciones indígenas firmaron en 2006 donde se plantea la necesidad de contar con mayor representación y participación política indígena. El primero de ellos es la Declaración del Congreso Nacional Indígena, denominada “Propuesta Pública de los Pueblos Indígenas de Chile” (octubre 2006), la misma que plantea la “Generación de fórmulas que permitan la representación de los pueblos indígenas para elegir nuestros propios representantes, así como la elección de representantes populares en los órganos del Estado”.
El otro documento se denomina “Propuestas de Organizaciones Mapuche al Estado de Chile” (noviembre 2006), elaborado durante la realización del Congreso Nacional Mapuche de Quepe, que establece: “Participación electoral y descentralización política… cupos Mapuche en el parlamento chileno… Cupos garantizados para Mapuche y participación de nuestras organizaciones en los consejos comunales, gobierno regional y en el consejo regional”.
Compromisos Gubernamentales
El actual proceso de Consulta plasma también la voluntad del actual gobierno y el cumplimiento de sus compromisos, los cuales fueron anunciados por la Presidenta Michelle Bachelet durante su discurso del 30 de abril de 2007, cuando planteó que “vamos a estudiar el establecimiento de nuevos mecanismos y procedimientos para la participación autónoma y representativa de los pueblos indígenas”.
Además, estas propuestas están contenidos en la política indígena del gobierno “Re-Conocer:: Pacto Social por la Multiculturalidad”, en el que la Presidenta se comprometió a la “institucionalización del derecho a participación en la definición de leyes, políticas y programas que afecten a los pueblos indígenas, la participación indígena en el Parlamento, en los Consejos Regionales y la creación de un Consejo de Pueblos Indígenas” (abril de 2008).
Asimismo, el Convenio N° 169 de la OIT, establece que al aplicar sus disposiciones los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados, a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.
Además, establece que las consultas deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.
Para dar cumplimiento a los principios establecidos en este Convenio 169 de la OIT, el 25 de junio de 2008 la Presidenta de la República dictó el Instructivo Presidencial N° 5 que instruye la realización de acciones para la implementación de la política indígena “Re-Conocer: Pacto Social por la Multiculturalidad”.
Entre estas acciones se encuentra el establecimiento de “mecanismos de información y consulta a los pueblos indígenas para el diseño de medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles”. El instructivo establece que el procedimiento tiene por finalidad “incorporar desde ya en el quehacer de los organismos públicos la consideración de los planteamientos que provengan de los pueblos indígenas”.
