Así fue dado a conocer, en conferencia de prensa, por el Encargado de la Unidad de Asuntos Indígenas de la Intendencia, Mario Callasaya, Juan Pablo Pérez, Subdirector Norte de Conadi e Isidro Mamani, Coordinador Regional del Programa Orígenes.
El Convenio 169 es la normativa internacional vigente más importante al momento de reconocer y cautelar los derechos indígenas por parte del Estado, por ello es necesario informar y difundirlo, expresó Mario Callasaya.
Por su parte, Juan Pablo Pérez manifestó que "es uno de los desafíos más importante de los gobierno de las concertación y un instrumento muy preciado por los pueblos indígenas. Para concretar efectivamente el sentido de este instrumento "es necesario modificar las normativas actuales, que aseguren el derecho básico a la participación, a que las comunidades sean consultadas y tengan un rol fundamental en la generación de las normas y los cuerpos jurídicos, que tengan especial aplicación en relación con ellos" puntualizó Pérez.
En tal sentido, el taller programado entre las 15 y las 18 horas, busca analizar la aplicabilidad de este instrumento en nuestro país, fundamentalmente los beneficios que aportará a las comunidades indígenas.
Uno de los reconocimientos fundamentales para los pueblos indígenas es el derecho a tierra y agua. "Esto implica que el Estado chileno deberá adaptar su institucionalidad, de tal modo que los desarrollos productivos o económicos del futuro se hagan con respeto no sólo a las tradiciones, si no que a una cosmovisión y una valoración de estos elementos vitales", sostuvo el subdirector.
Por su parte, Isidro Mamani sostuvo que el Convenio entrará en vigencia el 15 de septiembre del 2009, pero que sin embargo, el gobierno y el Estado de Chile están avanzando en la adecuación de las normativas "por eso la Presidenta en abril pasado cuando da a conocer el plan de acción Reconocer, contempla una serie de medidas muchas de ellas orientadas a la preparación de la entrada en vigencia del Convenio".
En América Latina, el texto ha sido ratificado por México, Colombia, Guatemala, Venezuela, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Costa Rica, Paraguay y Honduras. También lo han respaldado Fiji, Noruega, Dinamarca y Países Bajos, entre otros.
El Convenio fue ingresado al Congreso por el primer gobierno de la Concertación en 1991 y había sido aprobado con una votación transversal mayoritaria el 11 de abril de 2000 por la Cámara de Diputados. Finalmente, el Senado lo aprobó el 4 de marzo pasado por 36 votos a favor y uno en contra, después de 17 años de trámite parlamentario.
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